La Comisón Europea confirma un proyecto de directiva que pretende defiende laboralmente a los trabajadores que revelen información interna sobre prácticas fraudulentas.

De esta manera se protege al “chivato” de las compañías y se evita que las fuentes de esas informaciones sean represaliadas por su colaboración con la justicia y con el interés público.

Solo 10 países de la UE, entre los que no figura España, cuentan con una legislación que garantiza de manera fehaciente la protección del informante.

Para evitar denuncias falsas o malintencionadas, el proyecto de directiva supedita la protección a que el trabajador haya utilizado primero los canales internos de denuncia confidenciales que deberán establecer en empresas y organismos. Pero si esos canales no son eficientes o pueden ir en detrimento de la futura investigación, el empleado podrá recurrir a la denuncia pública y tener garantizada la protección.

Fuente: CINCODIAS