El Tribunal Supremo ha destacado la importancia de implantar Sistemas de Gestión de Compliance Penal para prevenir delitos dentro de las organizaciones.
Apoyados una vez más en la archiconocida STS 154/201, el juez condena a una empresa por tres delitos fiscales.
Con el objetivo de demostrar una cultura de cumplimiento en una de las compañías energéticas más grande del mundo, Repsol toma nota de estándares como la UNE 19601: Leer Más
El delito de contaminación acústica es uno de los que el Código Penal incluye dentro de las 26 categorías que pueden ser cometidas por la persona jurídica.
En palabras de la Inspección Provincial de Trabajo: “En los convenios colectivos de la Comunidad de Madrid, no hay ninguno que tenga una sola medida de acción positiva para equiparar a hombres y mujeres “
En opinión de expertos, en no demasiado tiempo se llevará a los tribunales reclamaciones de responsabilidad penal del franquiciador.
Sentencia dictada el pasado 19 de diciembre de 2017, por la cual se condena a la persona física en concepto de autor de un delito continuado de apropiación indebida de los arts. 252 , 250-1, 1 º y 6 º y 74-1 y 2 todos ellos del Código Penal así como se impone a la persona jurídica una multa de 309.444 y su disolución.
El Deportivo de la Coruña ha certificado su Sistema de Gestión de Compliance Penal conforme a la UNE 19601, de esta manera se convierte en el primer club de fútbol que obtiene este certificado. Leer Más
Las empresas de menor tamaño no están a salvo de responsabilidad penal, lo que significa que, en cualquier caso, con independencia del tamaño de la empresa, del número de trabajadores que la integren o del volumen de facturación de la misma, no está exenta como ha quedado, dicho de responsabilidad penal, o de cualquier otra prevista en la legislación vigente.
En los últimos años como consecuencia de la posible responsabilidad penal de la persona jurídica, se han impuesto multas ejemplares, causando un fuerte daño en las cuentas de resultados de importantes compañías multinacionales (más de 3.700 millones de euros en multas de la UE en 2016).
