En palabras del presidente del Real Club Deportivo de la Coruña, “Es la acreditación de la excelencia en el trabajo llevado a cabo en las áreas de gobierno corporativo.”

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Como consecuencia de lo anterior, desde la reforma del Código Penal del año 2015, los despachos de abogados han diseñado Sistemas de Compliance Penal para sus clientes con el objetivo de evitar una posible responsabilidad penal de la compañía. De esta manera se han creado manuales, procedimientos, sistemas de gestión, procedimientos de certificación, conferencias a los empleados, auditorias de compliance, etc.

Estos sistemas de compliance, buscan por un lado un preciso cumplimiento de las normas en materia de competencia, tanto europeas como locales y por otro lado, la llamada “ética en los negocios” para así evitar en la máxima medida posible caer en cualquiera de los delitos tipificados en el código penal.

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Fuente: CINCO DÍAS

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La Ley, de manera general obliga a las compañías en función de su tamaño a implementar una serie de medidas compartidas en España como puede ser la implementación de un código ético, un canal de denuncias o la realización de un mapa de riesgos.

Es especialmente destacable el hecho de que la Ley Sapin II establezca la obligación para las empresas practicar procedimientos de due diligence sobre sus clientes, proveedores e intermediarios. De esta forma aquellas empresas españolas que quieran continuar haciendo negocios con el país vecino deberán demostrar que cumplen con una serie de estándares de Compliance.

Un modelo eficaz de prevención de delitos certificado conforme a la norma UNE 19601 no solo puede constituir un eximente de la responsabilidad penal de la empresa, sino que es una herramienta que da respuesta a estas nuevas exigencias regulatorias permitiendo permanecer y competir en el mercado.

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La Norma, establece un marco de referencia para la definición de Sistemas de Gestión de Compliance Penal que cumplan con lo exigido por el Código Penal español y su evaluación por una tercera parte técnicamente competente y con capacidad para actuar con independencia e imparcialidad.

Aquí entran en juego las empresas certificadoras, que con su labor contribuyen a aportar confianza a todas las partes interesadas en la prevención de delitos.

Las entidades de certificación acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), están sometidas a un riguroso proceso de auditoría que garantiza su competencia técnica, independencia e imparcialidad para el ejercicio de sus funciones.

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