El hecho de aceptar regalos puede acarrear consecuencias penales a la persona jurídica porque puede suponer la comisión de un delito de cohecho impropio o de corrupción en los negocios.

Por ello, en función del ámbito de actividad de cada empresa, se deberán establecer las condiciones que han de darse para aceptar o rechazar un regalo, que pueden consistir en rechazar el regalo, limitar el valor económico máximo del mismo para poder ser aceptado, realizar un listado de obsequios permitidos y prohibidos, etcétera.

Fuente: EXPANSIÓN

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Son varias las empresas que ya han sido condenadas en nuestro país como autoras de este delito y a las que se ha impuesto no solo penas de multa, sino también otras que limitaban temporalmente o impedían definitivamente el desarrollo de la actividad musical que venían ofreciendo.

Si estas empresas hubieran dispuesto de una adecuada política de compliance (planes de prevención de delitos) para evitar este exceso de sonido y, por ende, el riesgo de cometer un delito de esta naturaleza, no habrían sufrido estas graves consecuencias.

Fuente: CINCO DÍAS

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Como es sabido, existe el riesgo para el franquiciador de incurrir en responsabilidad penal por actos cometidos por el franquiciado. Por esta razón y ya que no es obligatorio disponer de un plan de prevención de delitos, el franquiciador debe ser exigente para su franquiciado en cuanto a la labor de supervisión para poder demostrar la diligencia debida.

Por todo lo anterior se aconsejar que los franquiciadores que exijan a los franquiciados un programa de cumplimiento en la medida en que puedan ser responsables por sus actos.

FUENTE: CINCO DÍAS

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En esencia, la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a la persona jurídica por un delito que no está en el catálogo de delitos de personas jurídicas como es la apropiación indebida, condenando automáticamente por el delito cometido por el autor físico a la persona jurídica.

Este caso es llamativo, ya no por el hecho ya comentado anteriormente respecto al delito por el cual se condena a la persona jurídica, sino porque además tampoco se hace un análisis específico de lo acontecido respecto a la persona jurídica para poder detectar el “defecto organizativo” conforme a lo manifestado por el TS en la ya famosa STS de 29-II-2016.

Fuente: SENTENCIA JUDICIAL

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Una vez acotado el riesgo, habrá que debatir ante que autoridad se pone en conocimiento. Ya que si es Competencia ante quien se expone, la empresa puede ser eximida si es la primera en exponer el problema. Mientras que, si se va la vía penal, se considerará atenuante.

La mejor vía para que las autoridades apliquen una rebaja en la multa impuesta a una compañía es el establecimiento en la empresa de un minucioso plan de investigación interna. Ya que es la mejor forma de demostrar que el programa de compliance funciona.

Un plan de investigación interno debe contar con diferentes fases, medidas y con recursos necesarios, así como con un presupuesto definido.  En este sentido es clave que se habiliten los adecuados canales de denuncia.

Fuente: EXPANSIÓN

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En el ámbito laboral es necesaria la información previa, expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación/grabación puede ser dirigida. Una información que debe concretar las características y el alcance del tratamiento de datos que va a realizarse, esto es, en qué casos las grabaciones pueden ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos, explicitando muy particularmente que pueden utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo.

Fuente: EL ECONOMISTA

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Como consecuencia de lo anterior, desde la reforma del Código Penal del año 2015, los despachos de abogados han diseñado Sistemas de Compliance Penal para sus clientes con el objetivo de evitar una posible responsabilidad penal de la compañía. De esta manera se han creado manuales, procedimientos, sistemas de gestión, procedimientos de certificación, conferencias a los empleados, auditorias de compliance, etc.

Estos sistemas de compliance, buscan por un lado un preciso cumplimiento de las normas en materia de competencia, tanto europeas como locales y por otro lado, la llamada “ética en los negocios” para así evitar en la máxima medida posible caer en cualquiera de los delitos tipificados en el código penal.

Fuente: EXPANSIÓN

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Fuente: CINCO DÍAS

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La Norma, establece un marco de referencia para la definición de Sistemas de Gestión de Compliance Penal que cumplan con lo exigido por el Código Penal español y su evaluación por una tercera parte técnicamente competente y con capacidad para actuar con independencia e imparcialidad.

Aquí entran en juego las empresas certificadoras, que con su labor contribuyen a aportar confianza a todas las partes interesadas en la prevención de delitos.

Las entidades de certificación acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), están sometidas a un riguroso proceso de auditoría que garantiza su competencia técnica, independencia e imparcialidad para el ejercicio de sus funciones.

Fuente: EXPANSIÓN

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