El Tribunal Supremo acaba de hacer pública una sentencia de La Sala Segunda en la que se ha destacado la importancia de implantar en las organizaciones Sistemas de Gestión de Compliance Penal.

Según se desprende de la sentencia, el Sistema de Gestión de Compliance Penal es útil para prevenir la comisión de delitos y sirve para controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las organizaciones.

D.Vicente Magro Servet, que ha sido ponente en la sentencia de referencia, expresa lo siguiente: “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato”.

Y es que la sala entiende que, de haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el juzgado tendrían mayor dificultad de cometerse.

Conforme a la reflexión de la Sala, es recomendable contar un sistema de gestión adecuado, y para cerciorarse de la adecuación del programa del cumplimiento la Fiscalía General del Estado, en su Circular 1/2016, precisó como mecanismos cualificados para probar la eficacia del programa o modelo de prevención de delitos la certificación de los Sistemas de Gestión de Compliance por una tercera parte.

Fuente: CONFILEGAL

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Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se está observando una extralimitación de obligaciones en los trabajadores por parte de las empresas.

Este ha sido el caso de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anuló varios artículos del código de conducta de Banca March por vulnerar los derechos fundamentales de los empleados.

Por tanto, las empresas no son libres a la hora de configurar el código ético de la compañía, es una adición, un complemento a la Constitución, el Estatuto de los trabajadores y los convenios colectivos.

Fuente: CINCO DÍAS

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El juez considera probados que los hechos se cometen en provecho de la empresa y por un grave defecto de organización, por carecer de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito, por lo que concluye que, en atención a las previsiones del primer párrafo del artículo 31 bis 1 C.P., procede declarar la responsabilidad penal de la sociedad.
Fuente: NOTICIAS JURÍDICAS

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Son varias las empresas que ya han sido condenadas en nuestro país como autoras de este delito y a las que se ha impuesto no solo penas de multa, sino también otras que limitaban temporalmente o impedían definitivamente el desarrollo de la actividad musical que venían ofreciendo.

Si estas empresas hubieran dispuesto de una adecuada política de compliance (planes de prevención de delitos) para evitar este exceso de sonido y, por ende, el riesgo de cometer un delito de esta naturaleza, no habrían sufrido estas graves consecuencias.

Fuente: CINCO DÍAS

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En esencia, la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a la persona jurídica por un delito que no está en el catálogo de delitos de personas jurídicas como es la apropiación indebida, condenando automáticamente por el delito cometido por el autor físico a la persona jurídica.

Este caso es llamativo, ya no por el hecho ya comentado anteriormente respecto al delito por el cual se condena a la persona jurídica, sino porque además tampoco se hace un análisis específico de lo acontecido respecto a la persona jurídica para poder detectar el “defecto organizativo” conforme a lo manifestado por el TS en la ya famosa STS de 29-II-2016.

Fuente: SENTENCIA JUDICIAL

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